Javier González: ‘Si soy el próximo alcalde de Terrassa la ciudad no pagará 60 millones de euros a Mina’

Javier González: “Si soy el próximo alcalde de Terrassa la ciudad no pagará 60 millones de euros a Mina’

El alcaldable explica que su partido ha iniciado una campaña de difusión en las redes sociales y un buzoneo en todos los domicilios de la población

Terrassa, miércoles 22 de mayo de 2019. “Si soy el próximo alcalde de Terrassa, la ciudad no pagará 60 millones de euros a Mina”, ha afirmado el candidato de Ciudadanos (Cs) Terrassa, Javier González. El alcaldable quiere que “todos los vecinos conozcan las circunstancias que han llevado a la sentencia de Mina Pública d’Aigües de Terrassa (MPAT)”. Por ello, la formación naranja ha lanzado “una campaña informativa”, que se buzoneará en los domicilios y se difundirá en las redes sociales, para “explicar qué ha pasado, qué nos jugamos y cuál es la solución que proponemos como el único partido que ha defendido el interés general y no la satisfacción de una parte de la sociedad en este tema”, ha sentenciado el candidato.

Javier González ha propuesto que el consistorio diseñe “un nuevo mapa de distribución del agua de la ciudad en el que se amplíe el actual escenario multioperador” y acatar así la reciente sentencia favorable a MPAT. El objetivo es “poder gestionar los bienes que el fallo judicial identifica como de propiedad de la antigua concesionaria del servicio y que, por tanto, no pueden ser considerados revertibles” y reducir “el riesgo económicamente desmesurado al que se expone el ayuntamiento, estimado en hasta 60 millones de euros, si se confirma la sentencia en última instancia”.

Cs también plantea “que los servicios municipales estudien en profundidad toda la documentación aportada por Mina en la causa judicial, sobre todo el informe Heras avalado por el dictamen, apoyándose en expertos ajenos al ayuntamiento”. Además, el alcaldable expone que si Cs gobierna la ciudad “dotará de los recursos técnicos y económicos necesarios a todas las áreas implicadas en el proceso” para que “el plazo de adaptación a la legalidad de la red de distribución y su titularidad sea el menor posible, reduciendo los costes y prórrogas al máximo”. González ha insistido en que “es muy probable que un equipo de gobierno diferente del que ha provocado el conflicto jurídico tenga que asumir una futura indemnización millonaria”, lo cual “representa una dejación en lo que debería ser la obligación de rendir cuentas de una clase política irresponsable”, ha concluido.

Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 9 de Barcelona da la razón a la empresa MPAT (concesionaria durante 77 años del servicio local) y anula los acuerdos del pleno de diciembre de 2016 que daban por finalizada la concesión e imponían a la empresa la reversión de los bienes al consistorio porque, según la magistrada, “no se ajustaban a derecho”. González ha recordado que esta sentencia “es contundente” y de ella “se desprenden dudas más que razonables sobre la argumentación que esgrimió el ayuntamiento para apropiarse de bienes privados” porque “la juez considera que parten de la idea equivocada de que el servicio estaba municipalizado, pero existían diversas empresas que prestaban servicio en diversas zonas de la ciudad”.

Author: Ciudadanos Terrassa

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